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Finjus propone  al CNM 14 abogados para integrar el Tribunal Constitucional

diariolibre.com Finjus propone al CNM 14 abogados para integrar el Tribunal Constitucional

Fuente:diariolibre.com | 1/11/18 7:41:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso al Consejo Nacional de la Magistratura al abogado Cristóbal Rodríguez, a José Alejandro Ayuso y a otros 12 juristas más, para ser ponderados para integrar el Tribunal Constitucional.

En una carta enviada al presidente Danilo Medina, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura

y al magistrado Fran Soto, secretario del Consejo, la Finjus dice: “Nos anima nominar a estos distinguidos juristas y magistrados nuestro convencimiento de que es imprescindible que la ciudadanía exprese con acciones como ésta, su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en un Estado Social y Democrático de Derecho”.


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hoy.com.do Los 14 candidatos propuestos por Finjus para vacantes Tribunal Constitucional

Fuente:hoy.com.do | 1/11/18 8:32:41 p. m.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó su propuesta de 14 candidatos para competir por las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional (TC), entre los cuales figuran los abogados Miguel Valera, José Alejandro Ayuso y Cristóbal Valera. La propuesta de la Finjus fue formalizada mediante una carta enviada al presidente Danilo Medina, quien

preside el Consejo […]

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SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso al Consejo Nacional de la Magistratura al abogado Cristóbal Rodríguez, a José Alejandro Ayuso y a otros 12 juristas más, para ser ponderados para integrar el Tribunal Constitucional.

En una carta enviada al presidente Danilo Medina, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura

y al magistrado Fran Soto, secretario del Consejo, la Finjus dice: “Nos anima nominar a estos distinguidos juristas y magistrados nuestro convencimiento de que es imprescindible que la ciudadanía exprese con acciones como ésta, su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en un Estado Social y Democrático de Derecho”.


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SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso al Consejo Nacional de la Magistratura al abogado Cristóbal Rodríguez, a José Alejandro Ayuso y a otros 12 juristas más, para ser ponderados para integrar el Tribunal Constitucional.

En una carta enviada al presidente Danilo Medina, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura

y al magistrado Fran Soto, secretario del Consejo, la Finjus dice: “Nos anima nominar a estos distinguidos juristas y magistrados nuestro convencimiento de que es imprescindible que la ciudadanía exprese con acciones como ésta, su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en un Estado Social y Democrático de Derecho”.


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hoy.com.do Los 14 candidatos propuestos por Finjus para vacantes Tribunal Constitucional

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó su propuesta de 14 candidatos para competir por las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional (TC), entre los cuales figuran los abogados Miguel Valera, José Alejandro Ayuso y Cristóbal Valera. La propuesta de la Finjus fue formalizada mediante una carta enviada al presidente Danilo Medina, quien

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noticiassin.com Finjus: Modificar Constitución para reelección tendría un costo político

Fuente:noticiassin.com | 1/11/18 10:57:10 a. m.

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, aseguró este jueves que el presidente Danilo Medina tendrá que cargar con el costo político si se aventura a modificar la Constitución para un tercer periodo

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noticiassin.com Finjus: empresas de seguridad usan armas de fuego ilegales

Fuente:noticiassin.com | 16/10/18 12:38:56 p. m.

La mayoría de las empresas de seguridad privada usan armas ilegales, así lo aseguró este martes el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños.

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usan armas de fuego ilegales se publicó primero en Noticias SIN.


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Finjus hace observaciones al proyecto de reglamento de aplicación de Ley de Partidos

diariolibre.com Finjus hace observaciones al proyecto de reglamento de aplicación de Ley de Partidos

Fuente:diariolibre.com | 17/9/18 12:45:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizó este lunes varias observaciones al proyecto de reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) para la aplicación de la Ley 33-18, sobre Agrupaciones y Partidos Políticos.

Las observaciones están contempladas en una comunicación enviada al presidente de la JCE, Julio

César Castaños Guzmán, como parte de las consultas públicas que realiza el organismo de elecciones.

A continuación la misiva enviada por Finjus:

17 de septiembre de 2018

Doctor

Julio César Castaños Guzmán

Presidente

Junta Central Electoral

Su despacho.-

Distinguido Señor Presidente y

Demás Miembros de la Junta Central Electoral:

En el marco del período de consulta pública correspondiente al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos —preparado por la Junta Central Electoral— la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera oportuno sugerir algunas observaciones a fin de aportarlas al debate que se lleva a cabo entre los actores políticos, la ciudadanía y el órgano rector electoral.

El referido proyecto normativo regula a grandes rasgos el desarrollo de la precampaña y campaña electoral, así como también la organización de las elecciones primarias a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, en consecuencia, la presentación de las precandidaturas o candidaturas correspondientes.

I. Con relación a la precampaña y campaña electoral

El contenido de este proyecto de reglamento diferencia tres períodos relativos a propósito de la celebración de las elecciones generales del 2020: en primer orden, un período previo de precampaña que comprende el año previo al inicio de la campaña interna; la precampaña electoral y la campaña electoral. Estos intervalos suponen diferentes regulaciones en torno a las actividades que pudiesen o no realizar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Para el año previo al inicio de la precampaña, se indica de manera expresa la prohibición de producción y uso de propaganda de tipo personal alusiva a precandidaturas (camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, etc.), a menos que sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna. Solamente se permitirá la celebración de reuniones a lo interno de los locales de sus respectivas organizaciones, en locales cerrados y áreas restringidas donde no entorpezcan el libre tránsito, ni se interrumpa el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía.

Vale destacar que la razón que origina las restricciones impuestas en este período, es el de evitar que se incurra en actos anticipados de campaña que vulneren el ambiente de respeto y equidad que debe caracterizar a los procesos eleccionarios. Sobre esto, la Junta Central Electoral debe revisar si el reglamento contiene las precisiones suficientes a fin de preservar el equilibrio democrático, ya que en el pasado reciente se han producido una serie de actividades organizadas por eventuales precandidatos que, al tenor de la opinión de algunos medios y ciudadanos son de carácter proselitista, dando lugar a la percepción de ineficacia de los límites señalados en cada uno de los períodos diferenciados.

Es importante destacar que para el período previo se dispone la posibilidad de solicitar a las autoridades del orden público, en especial a los ayuntamientos, el cumplimiento de la medida de retiro de las diferentes herramientas promocionales en lugares externos.

Por otro lado, para el tiempo de precampaña se copian íntegramente las disposiciones contenidas en la Ley No. 33-18 que, en resumen, indican que sólo serán permitidas actividades proselitistas estrictamente internas, dirigidas de manera particular a los miembros y afiliados de sus respectivas organizaciones y la participación de los candidatos en medios de comunicación.

Es preciso observar que aunque la Ley No. 33-18 dispone, como sanción al incumplimiento de estas medidas, la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violación de la norma; nos preocupa que el proyecto de reglamento no reitere la referida sanción, la cual debió ser desarrollada en este instrumento normativo a fin de resaltar las condiciones en que se impondrá. Cuestiones como la idoneidad o no de que la Junta notifique una advertencia para que se abstengan de continuar en falta, antes de ejecutar la sanción, o si se trata de la retención de una parte o la totalidad de los fondos, deben ser puntualizadas en el reglamento.

Esto es relevante dado que, en función de la redacción del proyecto de reglamento, parecería que no existe un régimen de consecuencias para la infracción de estas disposiciones; toda vez que no se aplica la medida de retiro inmediato la cual está establecida para el período previo a la precampaña.

Otra de los señalamientos que tenemos a bien formular en este acápite es lo relativo a la prohibición de difusión de “mensajes negativos” a través de las redes sociales. La asociación de esta infracción a las sanciones contenidas en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología obliga a que en el reglamento se defina con mucha claridad cuál es el alcance de aquello dispuesto en la ley como “mensajes negativos”, pues esto alude a un margen bastante subjetivo que impide una tipificación adecuada. Sugerimos indicar que se tratará de aquellos mensajes que se encuadren en el delito de difamación e injuria.

II. Con relación a la organización de las primarias y candidaturas

Un gran reto que tienen conjuntamente el Estado, la sociedad y los partidos políticos es propiciar la implementación exitosa de este nuevo Reglamento. Por ello hemos considerado nuestro deber facilitar a la comunidad jurídica, académica, las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, los elementos de análisis que les permitan conocer a fondo el contenido de este proyecto de reglamento y estar en capacidad de dar seguimiento y apoyar los cambios jurídicos, sociales, políticos y culturales que requiere el sistema de partidos políticos, muy especialmente, de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en poco menos de 2 años.

En ese sentido, un aspecto que resulta de vital importancia para la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es lo relativo a la organización de las elecciones primarias. El proyecto de Reglamento explica en detalle en el capítulo III las formas en que deberán realizarse las primarias, en caso de que ésta sea la modalidad de escogencia de candidatos por las que haya optado una determinada organización política.

Debe destacarse que desde el reglamento, en el artículo 27, se indica que los partidos establecerán en sus respectivos estatutos la modalidad de escogencia de los candidatos, lo cual podría contravenir a la propia abstracción que presenta la Ley No. 33-18. Decimos esto en virtud de que resulta distinto adecuar los estatutos a los presupuestos de la norma, frente a un mandato normativo obligatorio de explicitar la modalidad de escogencia dentro de los estatutos como se establece en el presente reglamento.

De igual modo, se establece la formalidad de notificar mediante instancia a la Junta Central Electoral de la decisión tomada por la organización política y el alcance de la misma, lo que imprime un compromiso de cumplimiento con los principios de publicidad y legalidad por parte de los partidos políticos, ambos pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, el proyecto de reglamento establece los plazo
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Finjus: “No va ser tan fácil para el CNM sustituir juez que se quiera reelegir”

diariolibre.com Finjus: “No va ser tan fácil para el CNM sustituir juez que se quiera reelegir”

Fuente:diariolibre.com | 16/9/18 10:41:00 a. m.

SANTO DOMINGO. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, advirtió que no será tan fácil para el Consejo Nacional de la Magistratura sustituir un juez de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional que se quiera reelegir.

Castaños Guzmán dijo, además, que si previo

a la evaluación de los actuales magistrados de esas altas cortes, el CNM no modifica su reglamento, no podrá sustituir a ninguno de los magistrados que deberán ser evaluados.

“Es decir no va a ser tan fácil para el Consejo remover a un magistrado que se quiere reelegir, tanto del Tribunal Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia, porque la Constitución previó que para tu remover a uno de esos magistrados, tu lo tiene que hacer sobre la base de una decisión motivada“, aclaró Castaño Guzmán.

Recordó que el reglamento que se redactó el año pasado no tiene nada sobre el proceso de evaluación, porque no había que evaluar a nadie en esa ocasión cuando se escogieron los magistrados del Tribunal Superior Electoral y los que entraron a la Suprema Corte de Justicia.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Castaño Guzmán dijo que en principio los 12 jueces de la Suprema y tres del Constitucional tienen la opción de seguir en sus puestos, porque es la evaluación que hará el Consejo que determinará su permanencia o no.

Citó que en el caso de los tres jueces del Tribunal Constitucional que pueden ser reelecto, previo a someterse a una evaluación, son los únicos de esa alta corte que gozan de esa prerrogativa, es decir porque fueron electos por un periodo de seis años, sujetos a optar por igual cantidad de años.

“Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura en la reunión del dos de octubre es nombrar una comisión a los fines de modificar el reglamento del Consejo con la finalidad de que se le introduzcan cuáles son los criterios, los parámetros a tomar en cuenta en la evaluación “, detalló el vicepresidente ejecutivo de la Finjus.


Fuente:diariolibre.com | 16/9/18 10:41:00 a. m.
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Finjus hace observaciones al proyecto de reglamento de aplicación de Ley de Partidos

diariolibre.com Finjus hace observaciones al proyecto de reglamento de aplicación de Ley de Partidos

Fuente:diariolibre.com | 17/9/18 12:45:00 p. m.

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizó este lunes varias observaciones al proyecto de reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) para la aplicación de la Ley 33-18, sobre Agrupaciones y Partidos Políticos.

Las observaciones están contempladas en una comunicación enviada al presidente de la JCE, Julio

César Castaños Guzmán, como parte de las consultas públicas que realiza el organismo de elecciones.

A continuación la misiva enviada por Finjus:

17 de septiembre de 2018

Doctor

Julio César Castaños Guzmán

Presidente

Junta Central Electoral

Su despacho.-

Distinguido Señor Presidente y

Demás Miembros de la Junta Central Electoral:

En el marco del período de consulta pública correspondiente al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos —preparado por la Junta Central Electoral— la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera oportuno sugerir algunas observaciones a fin de aportarlas al debate que se lleva a cabo entre los actores políticos, la ciudadanía y el órgano rector electoral.

El referido proyecto normativo regula a grandes rasgos el desarrollo de la precampaña y campaña electoral, así como también la organización de las elecciones primarias a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, en consecuencia, la presentación de las precandidaturas o candidaturas correspondientes.

I. Con relación a la precampaña y campaña electoral

El contenido de este proyecto de reglamento diferencia tres períodos relativos a propósito de la celebración de las elecciones generales del 2020: en primer orden, un período previo de precampaña que comprende el año previo al inicio de la campaña interna; la precampaña electoral y la campaña electoral. Estos intervalos suponen diferentes regulaciones en torno a las actividades que pudiesen o no realizar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Para el año previo al inicio de la precampaña, se indica de manera expresa la prohibición de producción y uso de propaganda de tipo personal alusiva a precandidaturas (camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, etc.), a menos que sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna. Solamente se permitirá la celebración de reuniones a lo interno de los locales de sus respectivas organizaciones, en locales cerrados y áreas restringidas donde no entorpezcan el libre tránsito, ni se interrumpa el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía.

Vale destacar que la razón que origina las restricciones impuestas en este período, es el de evitar que se incurra en actos anticipados de campaña que vulneren el ambiente de respeto y equidad que debe caracterizar a los procesos eleccionarios. Sobre esto, la Junta Central Electoral debe revisar si el reglamento contiene las precisiones suficientes a fin de preservar el equilibrio democrático, ya que en el pasado reciente se han producido una serie de actividades organizadas por eventuales precandidatos que, al tenor de la opinión de algunos medios y ciudadanos son de carácter proselitista, dando lugar a la percepción de ineficacia de los límites señalados en cada uno de los períodos diferenciados.

Es importante destacar que para el período previo se dispone la posibilidad de solicitar a las autoridades del orden público, en especial a los ayuntamientos, el cumplimiento de la medida de retiro de las diferentes herramientas promocionales en lugares externos.

Por otro lado, para el tiempo de precampaña se copian íntegramente las disposiciones contenidas en la Ley No. 33-18 que, en resumen, indican que sólo serán permitidas actividades proselitistas estrictamente internas, dirigidas de manera particular a los miembros y afiliados de sus respectivas organizaciones y la participación de los candidatos en medios de comunicación.

Es preciso observar que aunque la Ley No. 33-18 dispone, como sanción al incumplimiento de estas medidas, la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violación de la norma; nos preocupa que el proyecto de reglamento no reitere la referida sanción, la cual debió ser desarrollada en este instrumento normativo a fin de resaltar las condiciones en que se impondrá. Cuestiones como la idoneidad o no de que la Junta notifique una advertencia para que se abstengan de continuar en falta, antes de ejecutar la sanción, o si se trata de la retención de una parte o la totalidad de los fondos, deben ser puntualizadas en el reglamento.

Esto es relevante dado que, en función de la redacción del proyecto de reglamento, parecería que no existe un régimen de consecuencias para la infracción de estas disposiciones; toda vez que no se aplica la medida de retiro inmediato la cual está establecida para el período previo a la precampaña.

Otra de los señalamientos que tenemos a bien formular en este acápite es lo relativo a la prohibición de difusión de “mensajes negativos” a través de las redes sociales. La asociación de esta infracción a las sanciones contenidas en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología obliga a que en el reglamento se defina con mucha claridad cuál es el alcance de aquello dispuesto en la ley como “mensajes negativos”, pues esto alude a un margen bastante subjetivo que impide una tipificación adecuada. Sugerimos indicar que se tratará de aquellos mensajes que se encuadren en el delito de difamación e injuria.

II. Con relación a la organización de las primarias y candidaturas

Un gran reto que tienen conjuntamente el Estado, la sociedad y los partidos políticos es propiciar la implementación exitosa de este nuevo Reglamento. Por ello hemos considerado nuestro deber facilitar a la comunidad jurídica, académica, las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, los elementos de análisis que les permitan conocer a fondo el contenido de este proyecto de reglamento y estar en capacidad de dar seguimiento y apoyar los cambios jurídicos, sociales, políticos y culturales que requiere el sistema de partidos políticos, muy especialmente, de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en poco menos de 2 años.

En ese sentido, un aspecto que resulta de vital importancia para la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es lo relativo a la organización de las elecciones primarias. El proyecto de Reglamento explica en detalle en el capítulo III las formas en que deberán realizarse las primarias, en caso de que ésta sea la modalidad de escogencia de candidatos por las que haya optado una determinada organización política.

Debe destacarse que desde el reglamento, en el artículo 27, se indica que los partidos establecerán en sus respectivos estatutos la modalidad de escogencia de los candidatos, lo cual podría contravenir a la propia abstracción que presenta la Ley No. 33-18. Decimos esto en virtud de que resulta distinto adecuar los estatutos a los presupuestos de la norma, frente a un mandato normativo obligatorio de explicitar la modalidad de escogencia dentro de los estatutos como se establece en el presente reglamento.

De igual modo, se establece la formalidad de notificar mediante instancia a la Junta Central Electoral de la decisión tomada por la organización política y el alcance de la misma, lo que imprime un compromiso de cumplimiento con los principios de publicidad y legalidad por parte de los partidos políticos, ambos pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, el proyecto de reglamento establece los plazo
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Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) hizo este lunes algunas observaciones al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, elaborado por la Junta Central Electoral (JCE). En efecto, FINJUS realizó observaciones con relación a la precampaña y campaña electoral

y a la organización de las primarias y candidaturas.   Lea aquí el documento íntegro con las observaciones de FINJUS Observaciones sobre el proyecto de reglamento para la […]

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Las observaciones están contempladas en una comunicación enviada al presidente de la JCE, Julio

César Castaños Guzmán, como parte de las consultas públicas que realiza el organismo de elecciones.

A continuación la misiva enviada por Finjus:

17 de septiembre de 2018

Doctor

Julio César Castaños Guzmán

Presidente

Junta Central Electoral

Su despacho.-

Distinguido Señor Presidente y

Demás Miembros de la Junta Central Electoral:

En el marco del período de consulta pública correspondiente al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos —preparado por la Junta Central Electoral— la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera oportuno sugerir algunas observaciones a fin de aportarlas al debate que se lleva a cabo entre los actores políticos, la ciudadanía y el órgano rector electoral.

El referido proyecto normativo regula a grandes rasgos el desarrollo de la precampaña y campaña electoral, así como también la organización de las elecciones primarias a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, en consecuencia, la presentación de las precandidaturas o candidaturas correspondientes.

I. Con relación a la precampaña y campaña electoral

El contenido de este proyecto de reglamento diferencia tres períodos relativos a propósito de la celebración de las elecciones generales del 2020: en primer orden, un período previo de precampaña que comprende el año previo al inicio de la campaña interna; la precampaña electoral y la campaña electoral. Estos intervalos suponen diferentes regulaciones en torno a las actividades que pudiesen o no realizar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Para el año previo al inicio de la precampaña, se indica de manera expresa la prohibición de producción y uso de propaganda de tipo personal alusiva a precandidaturas (camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, etc.), a menos que sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna. Solamente se permitirá la celebración de reuniones a lo interno de los locales de sus respectivas organizaciones, en locales cerrados y áreas restringidas donde no entorpezcan el libre tránsito, ni se interrumpa el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía.

Vale destacar que la razón que origina las restricciones impuestas en este período, es el de evitar que se incurra en actos anticipados de campaña que vulneren el ambiente de respeto y equidad que debe caracterizar a los procesos eleccionarios. Sobre esto, la Junta Central Electoral debe revisar si el reglamento contiene las precisiones suficientes a fin de preservar el equilibrio democrático, ya que en el pasado reciente se han producido una serie de actividades organizadas por eventuales precandidatos que, al tenor de la opinión de algunos medios y ciudadanos son de carácter proselitista, dando lugar a la percepción de ineficacia de los límites señalados en cada uno de los períodos diferenciados.

Es importante destacar que para el período previo se dispone la posibilidad de solicitar a las autoridades del orden público, en especial a los ayuntamientos, el cumplimiento de la medida de retiro de las diferentes herramientas promocionales en lugares externos.

Por otro lado, para el tiempo de precampaña se copian íntegramente las disposiciones contenidas en la Ley No. 33-18 que, en resumen, indican que sólo serán permitidas actividades proselitistas estrictamente internas, dirigidas de manera particular a los miembros y afiliados de sus respectivas organizaciones y la participación de los candidatos en medios de comunicación.

Es preciso observar que aunque la Ley No. 33-18 dispone, como sanción al incumplimiento de estas medidas, la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violación de la norma; nos preocupa que el proyecto de reglamento no reitere la referida sanción, la cual debió ser desarrollada en este instrumento normativo a fin de resaltar las condiciones en que se impondrá. Cuestiones como la idoneidad o no de que la Junta notifique una advertencia para que se abstengan de continuar en falta, antes de ejecutar la sanción, o si se trata de la retención de una parte o la totalidad de los fondos, deben ser puntualizadas en el reglamento.

Esto es relevante dado que, en función de la redacción del proyecto de reglamento, parecería que no existe un régimen de consecuencias para la infracción de estas disposiciones; toda vez que no se aplica la medida de retiro inmediato la cual está establecida para el período previo a la precampaña.

Otra de los señalamientos que tenemos a bien formular en este acápite es lo relativo a la prohibición de difusión de “mensajes negativos” a través de las redes sociales. La asociación de esta infracción a las sanciones contenidas en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología obliga a que en el reglamento se defina con mucha claridad cuál es el alcance de aquello dispuesto en la ley como “mensajes negativos”, pues esto alude a un margen bastante subjetivo que impide una tipificación adecuada. Sugerimos indicar que se tratará de aquellos mensajes que se encuadren en el delito de difamación e injuria.

II. Con relación a la organización de las primarias y candidaturas

Un gran reto que tienen conjuntamente el Estado, la sociedad y los partidos políticos es propiciar la implementación exitosa de este nuevo Reglamento. Por ello hemos considerado nuestro deber facilitar a la comunidad jurídica, académica, las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, los elementos de análisis que les permitan conocer a fondo el contenido de este proyecto de reglamento y estar en capacidad de dar seguimiento y apoyar los cambios jurídicos, sociales, políticos y culturales que requiere el sistema de partidos políticos, muy especialmente, de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en poco menos de 2 años.

En ese sentido, un aspecto que resulta de vital importancia para la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es lo relativo a la organización de las elecciones primarias. El proyecto de Reglamento explica en detalle en el capítulo III las formas en que deberán realizarse las primarias, en caso de que ésta sea la modalidad de escogencia de candidatos por las que haya optado una determinada organización política.

Debe destacarse que desde el reglamento, en el artículo 27, se indica que los partidos establecerán en sus respectivos estatutos la modalidad de escogencia de los candidatos, lo cual podría contravenir a la propia abstracción que presenta la Ley No. 33-18. Decimos esto en virtud de que resulta distinto adecuar los estatutos a los presupuestos de la norma, frente a un mandato normativo obligatorio de explicitar la modalidad de escogencia dentro de los estatutos como se establece en el presente reglamento.

De igual modo, se establece la formalidad de notificar mediante instancia a la Junta Central Electoral de la decisión tomada por la organización política y el alcance de la misma, lo que imprime un compromiso de cumplimiento con los principios de publicidad y legalidad por parte de los partidos políticos, ambos pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, el proyecto de reglamento establece los plazo
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César Castaños Guzmán, como parte de las consultas públicas que realiza el organismo de elecciones.

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Julio César Castaños Guzmán

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Junta Central Electoral

Su despacho.-

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Demás Miembros de la Junta Central Electoral:

En el marco del período de consulta pública correspondiente al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos —preparado por la Junta Central Electoral— la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera oportuno sugerir algunas observaciones a fin de aportarlas al debate que se lleva a cabo entre los actores políticos, la ciudadanía y el órgano rector electoral.

El referido proyecto normativo regula a grandes rasgos el desarrollo de la precampaña y campaña electoral, así como también la organización de las elecciones primarias a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y, en consecuencia, la presentación de las precandidaturas o candidaturas correspondientes.

I. Con relación a la precampaña y campaña electoral

El contenido de este proyecto de reglamento diferencia tres períodos relativos a propósito de la celebración de las elecciones generales del 2020: en primer orden, un período previo de precampaña que comprende el año previo al inicio de la campaña interna; la precampaña electoral y la campaña electoral. Estos intervalos suponen diferentes regulaciones en torno a las actividades que pudiesen o no realizar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Para el año previo al inicio de la precampaña, se indica de manera expresa la prohibición de producción y uso de propaganda de tipo personal alusiva a precandidaturas (camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, etc.), a menos que sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna. Solamente se permitirá la celebración de reuniones a lo interno de los locales de sus respectivas organizaciones, en locales cerrados y áreas restringidas donde no entorpezcan el libre tránsito, ni se interrumpa el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía.

Vale destacar que la razón que origina las restricciones impuestas en este período, es el de evitar que se incurra en actos anticipados de campaña que vulneren el ambiente de respeto y equidad que debe caracterizar a los procesos eleccionarios. Sobre esto, la Junta Central Electoral debe revisar si el reglamento contiene las precisiones suficientes a fin de preservar el equilibrio democrático, ya que en el pasado reciente se han producido una serie de actividades organizadas por eventuales precandidatos que, al tenor de la opinión de algunos medios y ciudadanos son de carácter proselitista, dando lugar a la percepción de ineficacia de los límites señalados en cada uno de los períodos diferenciados.

Es importante destacar que para el período previo se dispone la posibilidad de solicitar a las autoridades del orden público, en especial a los ayuntamientos, el cumplimiento de la medida de retiro de las diferentes herramientas promocionales en lugares externos.

Por otro lado, para el tiempo de precampaña se copian íntegramente las disposiciones contenidas en la Ley No. 33-18 que, en resumen, indican que sólo serán permitidas actividades proselitistas estrictamente internas, dirigidas de manera particular a los miembros y afiliados de sus respectivas organizaciones y la participación de los candidatos en medios de comunicación.

Es preciso observar que aunque la Ley No. 33-18 dispone, como sanción al incumplimiento de estas medidas, la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violación de la norma; nos preocupa que el proyecto de reglamento no reitere la referida sanción, la cual debió ser desarrollada en este instrumento normativo a fin de resaltar las condiciones en que se impondrá. Cuestiones como la idoneidad o no de que la Junta notifique una advertencia para que se abstengan de continuar en falta, antes de ejecutar la sanción, o si se trata de la retención de una parte o la totalidad de los fondos, deben ser puntualizadas en el reglamento.

Esto es relevante dado que, en función de la redacción del proyecto de reglamento, parecería que no existe un régimen de consecuencias para la infracción de estas disposiciones; toda vez que no se aplica la medida de retiro inmediato la cual está establecida para el período previo a la precampaña.

Otra de los señalamientos que tenemos a bien formular en este acápite es lo relativo a la prohibición de difusión de “mensajes negativos” a través de las redes sociales. La asociación de esta infracción a las sanciones contenidas en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología obliga a que en el reglamento se defina con mucha claridad cuál es el alcance de aquello dispuesto en la ley como “mensajes negativos”, pues esto alude a un margen bastante subjetivo que impide una tipificación adecuada. Sugerimos indicar que se tratará de aquellos mensajes que se encuadren en el delito de difamación e injuria.

II. Con relación a la organización de las primarias y candidaturas

Un gran reto que tienen conjuntamente el Estado, la sociedad y los partidos políticos es propiciar la implementación exitosa de este nuevo Reglamento. Por ello hemos considerado nuestro deber facilitar a la comunidad jurídica, académica, las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, los elementos de análisis que les permitan conocer a fondo el contenido de este proyecto de reglamento y estar en capacidad de dar seguimiento y apoyar los cambios jurídicos, sociales, políticos y culturales que requiere el sistema de partidos políticos, muy especialmente, de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán en poco menos de 2 años.

En ese sentido, un aspecto que resulta de vital importancia para la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es lo relativo a la organización de las elecciones primarias. El proyecto de Reglamento explica en detalle en el capítulo III las formas en que deberán realizarse las primarias, en caso de que ésta sea la modalidad de escogencia de candidatos por las que haya optado una determinada organización política.

Debe destacarse que desde el reglamento, en el artículo 27, se indica que los partidos establecerán en sus respectivos estatutos la modalidad de escogencia de los candidatos, lo cual podría contravenir a la propia abstracción que presenta la Ley No. 33-18. Decimos esto en virtud de que resulta distinto adecuar los estatutos a los presupuestos de la norma, frente a un mandato normativo obligatorio de explicitar la modalidad de escogencia dentro de los estatutos como se establece en el presente reglamento.

De igual modo, se establece la formalidad de notificar mediante instancia a la Junta Central Electoral de la decisión tomada por la organización política y el alcance de la misma, lo que imprime un compromiso de cumplimiento con los principios de publicidad y legalidad por parte de los partidos políticos, ambos pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, el proyecto de reglamento establece los plazo
Fuente:diariolibre.com | 17/9/18 12:45:00 p. m.

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eldia.com.do FINJUS realiza observaciones al proyecto de reglamento para aplicación de Ley de Partidos

Fuente:eldia.com.do | 17/9/18 1:25:39 p. m.

Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) hizo este lunes algunas observaciones al proyecto de reglamento para la aplicación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, elaborado por la Junta Central Electoral (JCE). En efecto, FINJUS realizó observaciones con relación a la precampaña y campaña electoral

y a la organización de las primarias y candidaturas.   Lea aquí el documento íntegro con las observaciones de FINJUS Observaciones sobre el proyecto de reglamento para la […]

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Finjus: “No va ser tan fácil para el CNM sustituir juez que se quiera reelegir”

diariolibre.com Finjus: “No va ser tan fácil para el CNM sustituir juez que se quiera reelegir”

Fuente:diariolibre.com | 16/9/18 10:41:00 a. m.

SANTO DOMINGO. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, advirtió que no será tan fácil para el Consejo Nacional de la Magistratura sustituir un juez de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional que se quiera reelegir.

Castaños Guzmán dijo, además, que si previo

a la evaluación de los actuales magistrados de esas altas cortes, el CNM no modifica su reglamento, no podrá sustituir a ninguno de los magistrados que deberán ser evaluados.

“Es decir no va a ser tan fácil para el Consejo remover a un magistrado que se quiere reelegir, tanto del Tribunal Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia, porque la Constitución previó que para tu remover a uno de esos magistrados, tu lo tiene que hacer sobre la base de una decisión motivada“, aclaró Castaño Guzmán.

Recordó que el reglamento que se redactó el año pasado no tiene nada sobre el proceso de evaluación, porque no había que evaluar a nadie en esa ocasión cuando se escogieron los magistrados del Tribunal Superior Electoral y los que entraron a la Suprema Corte de Justicia.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Castaño Guzmán dijo que en principio los 12 jueces de la Suprema y tres del Constitucional tienen la opción de seguir en sus puestos, porque es la evaluación que hará el Consejo que determinará su permanencia o no.

Citó que en el caso de los tres jueces del Tribunal Constitucional que pueden ser reelecto, previo a someterse a una evaluación, son los únicos de esa alta corte que gozan de esa prerrogativa, es decir porque fueron electos por un periodo de seis años, sujetos a optar por igual cantidad de años.

“Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura en la reunión del dos de octubre es nombrar una comisión a los fines de modificar el reglamento del Consejo con la finalidad de que se le introduzcan cuáles son los criterios, los parámetros a tomar en cuenta en la evaluación “, detalló el vicepresidente ejecutivo de la Finjus.


Fuente:diariolibre.com | 16/9/18 10:41:00 a. m.
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Fuente:eldia.com.do | 16/9/18 10:00:15 a. m.

Santo Domingo.– El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que no será tan fácil para el Consejo Nacional de la Magistratura sustituir un juez de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional que se quiera reelegir. Servio Tulio Castaño Guzmán dijo además que, si previo a la evaluación de los

actuales magistrados de esas altas cortes, el Consejo no modifica su reglamento, no podrá sustituir a ninguno de los […]

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Finjus: “No va ser tan fácil para el CNM sustituir juez que se quiera reelegir”

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Fuente:diariolibre.com | 16/9/18 10:41:00 a. m.

SANTO DOMINGO. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, advirtió que no será tan fácil para el Consejo Nacional de la Magistratura sustituir un juez de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional que se quiera reelegir.

Castaños Guzmán dijo, además, que si previo

a la evaluación de los actuales magistrados de esas altas cortes, el CNM no modifica su reglamento, no podrá sustituir a ninguno de los magistrados que deberán ser evaluados.

“Es decir no va a ser tan fácil para el Consejo remover a un magistrado que se quiere reelegir, tanto del Tribunal Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia, porque la Constitución previó que para tu remover a uno de esos magistrados, tu lo tiene que hacer sobre la base de una decisión motivada“, aclaró Castaño Guzmán.

Recordó que el reglamento que se redactó el año pasado no tiene nada sobre el proceso de evaluación, porque no había que evaluar a nadie en esa ocasión cuando se escogieron los magistrados del Tribunal Superior Electoral y los que entraron a la Suprema Corte de Justicia.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Castaño Guzmán dijo que en principio los 12 jueces de la Suprema y tres del Constitucional tienen la opción de seguir en sus puestos, porque es la evaluación que hará el Consejo que determinará su permanencia o no.

Citó que en el caso de los tres jueces del Tribunal Constitucional que pueden ser reelecto, previo a someterse a una evaluación, son los únicos de esa alta corte que gozan de esa prerrogativa, es decir porque fueron electos por un periodo de seis años, sujetos a optar por igual cantidad de años.

“Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura en la reunión del dos de octubre es nombrar una comisión a los fines de modificar el reglamento del Consejo con la finalidad de que se le introduzcan cuáles son los criterios, los parámetros a tomar en cuenta en la evaluación “, detalló el vicepresidente ejecutivo de la Finjus.


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Fuente:elnacional.com.do | 16/9/18 12:55:17 p. m.

Santo Domingo,- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia advirtió que no será tan fácil para el Consejo […]

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El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia advirtió que no será tan fácil para el Consejo Nacional de la Magistratura sustituir un juez de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional que se quiera reelegir. Servio Tulio Castaño Guzmán dijo además que, si previo a la evaluación de los actuales magistrados […]

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