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noticiassin.com Cientos de hondureños de caravana migrantes cruzan frontera de Guatemala

Fuente:noticiassin.com | 15/1/19 8:40:22 p. m.

Los migrantes hondureños, entre ellos varios menores de edad, pasaron este martes el punto fronterizo de Agua Caliente y se dirigen hacia Esquipulas.

La entrada Cientos de hondureños de caravana migrantes cruzan frontera de Guatemala

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diariolibre.com Constitucional de Guatemala suspende salida de comisión contra la impunidad de ONU

Fuente:diariolibre.com | 9/1/19 8:48:03 a. m.

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, como máximo tribunal del país, suspendió hoy la decisión del presidente, Jimmy Morales, de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el Gobierno y la ONU acerca de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La decisión de los magistrados fue por mayoría (4 a 1),

tras más de 8 horas de sesión iniciada a las 20:00 hora local del martes (02:00 GMT del miércoles).

La única voz en contra fue la de la magistrada presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa, quien presentó voto razonado disidente a ocho amparos que buscaron detener la salida anticipada de la Comisión Internacional.

El tribunal constitucional exhortó a las autoridades denunciadas -además de Morales, la canciller, Sandra Jovel, y el Congreso- a que “en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG”.

La decisión de la Corte, añadió, “debe ser publicada de manera inmediata en el Diario Oficial”, tal y como sucedió con el acuerdo gubernativo 2-2019 que publicó este martes el Ejecutivo para dar fin de forma “inmediata” al acuerdo de establecimiento de la CICIG, algo que la madrugada de este miércoles fue rechazado por el Constitucional.

La Corte también comunicó al concluir la sesión que deberán ser notificados el presidente y vicepresidente, el Congreso, la canciller, así como los ministros de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y Defensa, Luis Ralda.

También al Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala, que preside Morales, al procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado y a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

“La notificación que se efectúe a los citados funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo”, resolvieron por mayoría los magistrados.

El Ejecutivo y el Legislativo no se ha pronunciado aún sobre la decisión judicial, mientras que el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, uno de los interponentes del amparo, se congratuló con la decisión de la Corte y sostuvo en sus redes sociales que “El Estado de Derecho, se fortalece con la resolución de la honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala”.

El 26 de diciembre pasado, el procurador Donado había denunciado y solicitado iniciar un antejuicio (proceso de desafuero) contra tres magistrados del Constitucional (José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar), por supuestas resoluciones “arbitrarias e ilegales”.

La Procuraduría General de la Nación, en su calidad de abogado del Estado, consideró que De Mata, Mejía y Porras, supuestamente, han cometido los delitos de “prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad”.

El presidente Morales informó el año pasado que ya no renovaría el mandato de la CICIG, pero el lunes anunció el fin inmediato y definitivo del acuerdo de su creación por la supuesta “violación grave” de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió la Comisión.

La tarde de este martes, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, admitió que el personal de la Comisión había salido del país, siguiendo un “protocolo de contingencia de seguridad”, ordenado por Naciones Unidas.

Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stepháne Dujarric, sostuvo hoy que el acuerdo “seguirá vigente” hasta septiembre próximo, cuando vence el mandato, y agregó que “el comisionado, Iván Velásquez, está evaluando con su equipo cómo hacerlo”.


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diariolibre.com Guatemala enfrenta batalla judicial por cierre de misión anticorrupción de ONU

Fuente:diariolibre.com | 8/1/19 5:16:27 p. m.

El cierre unilateral de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.

El gobierno anunció la víspera el fin del acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

(Cicig), adscrita a la ONU, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores, que defienden o repudian la acción.

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.

“La decisión unilateral de presidente Morales (...) es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho”, sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

En defensa de la acción de Morales, el senador estadounidense Mike Lee, republicano, publicó en Twitter que “Guatemala tiene todo el derecho de pronunciarse y defenderse de violaciones a su soberanía y abusos cometidos” por la Cicig.

Juristas debaten sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión: mientras unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.

Hasta el momento, se han presentado cinco amparos ante la CC contra el mandatario, y cuatro de ellos solicitan la destitución de Morales.

Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra la medida gubernamental.

La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el Ejecutivo intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien Morales quiso expulsar y, posteriormente, negó en setiembre pasado el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.

La relación de Morales con la Cicig es hostil desde el inicio de su mandato en 2016, luego de que este ente acusara a su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de juicio.

La situación se agravó en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción en las finanzas de su partido cuando ganó la presidencia en 2015.

Este martes, el gobierno publicó en la gaceta oficial la decisión que da por concluido el acuerdo de creación de la Cicig, cuyo mandato terminaba el 3 de setiembre.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó categóricamente la decisión e instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los compromisos sobre la comisión.

Igualmente, el ombudsman local Jordán Rodas consideró que la decisión presidencial viola el estado de derecho, los tratados internacionales y el convenio de creación de la comisión. Por ello, presentó un amparo ante la CC para revertirla.

Rodas afirma que las acciones del presidente son un atentado contra la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Por otro lado, la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo local de Transparencia Internacional, presentó en la CC un recurso de amparo en contra de la terminación del acuerdo de la Cicig y una solicitud para destituir al presidente y a la canciller, Sandra Jovel.

Se sumaron a la ola de críticas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, según los cuales la medida viola las obligaciones internacionales y es “un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad”.

La cúpula empresarial, aglutinada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), apoya el retiro de la Cicig, a la que han denunciado por “graves faltas al debido proceso”.

“La terminación de la Cicig es una decisión que está dentro del marco de sus competencias (gubernamentales) por virtud de la Constitución” del país, agregó la Cacif en un comunicado.

Sin embargo, advirtió que la medida debe de ir acompañada “de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Por su lado, la agrupación derechista Guatemala Inmortal instó a la población a apoyar la decisión de Morales.

“La Cicig se fue apoderando del sistema de justicia (...) y la poca confianza que había en los jueces desapareció por culpa de la Cicig”, consideró el dirigente José Luis González.

por Edgar CALDERON


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Fuente:diariolibre.com | 9/1/19 8:48:03 a. m.

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, como máximo tribunal del país, suspendió hoy la decisión del presidente, Jimmy Morales, de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el Gobierno y la ONU acerca de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La decisión de los magistrados fue por mayoría (4 a 1),

tras más de 8 horas de sesión iniciada a las 20:00 hora local del martes (02:00 GMT del miércoles).

La única voz en contra fue la de la magistrada presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa, quien presentó voto razonado disidente a ocho amparos que buscaron detener la salida anticipada de la Comisión Internacional.

El tribunal constitucional exhortó a las autoridades denunciadas -además de Morales, la canciller, Sandra Jovel, y el Congreso- a que “en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG”.

La decisión de la Corte, añadió, “debe ser publicada de manera inmediata en el Diario Oficial”, tal y como sucedió con el acuerdo gubernativo 2-2019 que publicó este martes el Ejecutivo para dar fin de forma “inmediata” al acuerdo de establecimiento de la CICIG, algo que la madrugada de este miércoles fue rechazado por el Constitucional.

La Corte también comunicó al concluir la sesión que deberán ser notificados el presidente y vicepresidente, el Congreso, la canciller, así como los ministros de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y Defensa, Luis Ralda.

También al Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala, que preside Morales, al procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado y a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

“La notificación que se efectúe a los citados funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo”, resolvieron por mayoría los magistrados.

El Ejecutivo y el Legislativo no se ha pronunciado aún sobre la decisión judicial, mientras que el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, uno de los interponentes del amparo, se congratuló con la decisión de la Corte y sostuvo en sus redes sociales que “El Estado de Derecho, se fortalece con la resolución de la honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala”.

El 26 de diciembre pasado, el procurador Donado había denunciado y solicitado iniciar un antejuicio (proceso de desafuero) contra tres magistrados del Constitucional (José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar), por supuestas resoluciones “arbitrarias e ilegales”.

La Procuraduría General de la Nación, en su calidad de abogado del Estado, consideró que De Mata, Mejía y Porras, supuestamente, han cometido los delitos de “prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad”.

El presidente Morales informó el año pasado que ya no renovaría el mandato de la CICIG, pero el lunes anunció el fin inmediato y definitivo del acuerdo de su creación por la supuesta “violación grave” de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió la Comisión.

La tarde de este martes, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, admitió que el personal de la Comisión había salido del país, siguiendo un “protocolo de contingencia de seguridad”, ordenado por Naciones Unidas.

Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stepháne Dujarric, sostuvo hoy que el acuerdo “seguirá vigente” hasta septiembre próximo, cuando vence el mandato, y agregó que “el comisionado, Iván Velásquez, está evaluando con su equipo cómo hacerlo”.


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La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, como máximo tribunal del país, suspendió hoy la decisión del presidente, Jimmy Morales, de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el Gobierno y la ONU acerca de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La decisión de los magistrados fue por mayoría (4 a 1),

tras más de 8 horas de sesión iniciada a las 20:00 hora local del martes (02:00 GMT del miércoles).

La única voz en contra fue la de la magistrada presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa, quien presentó voto razonado disidente a ocho amparos que buscaron detener la salida anticipada de la Comisión Internacional.

El tribunal constitucional exhortó a las autoridades denunciadas -además de Morales, la canciller, Sandra Jovel, y el Congreso- a que “en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG”.

La decisión de la Corte, añadió, “debe ser publicada de manera inmediata en el Diario Oficial”, tal y como sucedió con el acuerdo gubernativo 2-2019 que publicó este martes el Ejecutivo para dar fin de forma “inmediata” al acuerdo de establecimiento de la CICIG, algo que la madrugada de este miércoles fue rechazado por el Constitucional.

La Corte también comunicó al concluir la sesión que deberán ser notificados el presidente y vicepresidente, el Congreso, la canciller, así como los ministros de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y Defensa, Luis Ralda.

También al Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala, que preside Morales, al procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado y a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

“La notificación que se efectúe a los citados funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo”, resolvieron por mayoría los magistrados.

El Ejecutivo y el Legislativo no se ha pronunciado aún sobre la decisión judicial, mientras que el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, uno de los interponentes del amparo, se congratuló con la decisión de la Corte y sostuvo en sus redes sociales que “El Estado de Derecho, se fortalece con la resolución de la honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala”.

El 26 de diciembre pasado, el procurador Donado había denunciado y solicitado iniciar un antejuicio (proceso de desafuero) contra tres magistrados del Constitucional (José Francisco de Mata Vela, Boanerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar), por supuestas resoluciones “arbitrarias e ilegales”.

La Procuraduría General de la Nación, en su calidad de abogado del Estado, consideró que De Mata, Mejía y Porras, supuestamente, han cometido los delitos de “prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias y abuso de autoridad”.

El presidente Morales informó el año pasado que ya no renovaría el mandato de la CICIG, pero el lunes anunció el fin inmediato y definitivo del acuerdo de su creación por la supuesta “violación grave” de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió la Comisión.

La tarde de este martes, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, admitió que el personal de la Comisión había salido del país, siguiendo un “protocolo de contingencia de seguridad”, ordenado por Naciones Unidas.

Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stepháne Dujarric, sostuvo hoy que el acuerdo “seguirá vigente” hasta septiembre próximo, cuando vence el mandato, y agregó que “el comisionado, Iván Velásquez, está evaluando con su equipo cómo hacerlo”.


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El cierre unilateral de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.

El gobierno anunció la víspera el fin del acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

(Cicig), adscrita a la ONU, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores, que defienden o repudian la acción.

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.

“La decisión unilateral de presidente Morales (...) es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho”, sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

En defensa de la acción de Morales, el senador estadounidense Mike Lee, republicano, publicó en Twitter que “Guatemala tiene todo el derecho de pronunciarse y defenderse de violaciones a su soberanía y abusos cometidos” por la Cicig.

Juristas debaten sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión: mientras unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.

Hasta el momento, se han presentado cinco amparos ante la CC contra el mandatario, y cuatro de ellos solicitan la destitución de Morales.

Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra la medida gubernamental.

La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el Ejecutivo intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien Morales quiso expulsar y, posteriormente, negó en setiembre pasado el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.

La relación de Morales con la Cicig es hostil desde el inicio de su mandato en 2016, luego de que este ente acusara a su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de juicio.

La situación se agravó en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción en las finanzas de su partido cuando ganó la presidencia en 2015.

Este martes, el gobierno publicó en la gaceta oficial la decisión que da por concluido el acuerdo de creación de la Cicig, cuyo mandato terminaba el 3 de setiembre.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó categóricamente la decisión e instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los compromisos sobre la comisión.

Igualmente, el ombudsman local Jordán Rodas consideró que la decisión presidencial viola el estado de derecho, los tratados internacionales y el convenio de creación de la comisión. Por ello, presentó un amparo ante la CC para revertirla.

Rodas afirma que las acciones del presidente son un atentado contra la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Por otro lado, la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo local de Transparencia Internacional, presentó en la CC un recurso de amparo en contra de la terminación del acuerdo de la Cicig y una solicitud para destituir al presidente y a la canciller, Sandra Jovel.

Se sumaron a la ola de críticas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, según los cuales la medida viola las obligaciones internacionales y es “un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad”.

La cúpula empresarial, aglutinada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), apoya el retiro de la Cicig, a la que han denunciado por “graves faltas al debido proceso”.

“La terminación de la Cicig es una decisión que está dentro del marco de sus competencias (gubernamentales) por virtud de la Constitución” del país, agregó la Cacif en un comunicado.

Sin embargo, advirtió que la medida debe de ir acompañada “de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Por su lado, la agrupación derechista Guatemala Inmortal instó a la población a apoyar la decisión de Morales.

“La Cicig se fue apoderando del sistema de justicia (...) y la poca confianza que había en los jueces desapareció por culpa de la Cicig”, consideró el dirigente José Luis González.

por Edgar CALDERON


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El cierre unilateral de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.

El gobierno anunció la víspera el fin del acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

(Cicig), adscrita a la ONU, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores, que defienden o repudian la acción.

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.

“La decisión unilateral de presidente Morales (...) es una señal más del progresivo rompimiento institucional y el Estado de Derecho”, sostuvo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

En defensa de la acción de Morales, el senador estadounidense Mike Lee, republicano, publicó en Twitter que “Guatemala tiene todo el derecho de pronunciarse y defenderse de violaciones a su soberanía y abusos cometidos” por la Cicig.

Juristas debaten sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión: mientras unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.

Hasta el momento, se han presentado cinco amparos ante la CC contra el mandatario, y cuatro de ellos solicitan la destitución de Morales.

Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra la medida gubernamental.

La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el Ejecutivo intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien Morales quiso expulsar y, posteriormente, negó en setiembre pasado el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.

La relación de Morales con la Cicig es hostil desde el inicio de su mandato en 2016, luego de que este ente acusara a su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de juicio.

La situación se agravó en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción en las finanzas de su partido cuando ganó la presidencia en 2015.

Este martes, el gobierno publicó en la gaceta oficial la decisión que da por concluido el acuerdo de creación de la Cicig, cuyo mandato terminaba el 3 de setiembre.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó categóricamente la decisión e instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los compromisos sobre la comisión.

Igualmente, el ombudsman local Jordán Rodas consideró que la decisión presidencial viola el estado de derecho, los tratados internacionales y el convenio de creación de la comisión. Por ello, presentó un amparo ante la CC para revertirla.

Rodas afirma que las acciones del presidente son un atentado contra la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Por otro lado, la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo local de Transparencia Internacional, presentó en la CC un recurso de amparo en contra de la terminación del acuerdo de la Cicig y una solicitud para destituir al presidente y a la canciller, Sandra Jovel.

Se sumaron a la ola de críticas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, según los cuales la medida viola las obligaciones internacionales y es “un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad”.

La cúpula empresarial, aglutinada en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), apoya el retiro de la Cicig, a la que han denunciado por “graves faltas al debido proceso”.

“La terminación de la Cicig es una decisión que está dentro del marco de sus competencias (gubernamentales) por virtud de la Constitución” del país, agregó la Cacif en un comunicado.

Sin embargo, advirtió que la medida debe de ir acompañada “de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Por su lado, la agrupación derechista Guatemala Inmortal instó a la población a apoyar la decisión de Morales.

“La Cicig se fue apoderando del sistema de justicia (...) y la poca confianza que había en los jueces desapareció por culpa de la Cicig”, consideró el dirigente José Luis González.

por Edgar CALDERON


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diariolibre.com El volcán que sepultó la vida en Guatemala

Fuente:diariolibre.com | 29/12/18 9:11:07 a. m.

Hace sólo seis meses que el Volcán de Fuego de Guatemala despertó su furia y sepultó todo a su paso, incluso la vida de una pequeña comunidad que ahora sigue en ruinas.

El 3 de junio pasado, la vida de los habitantes de San Miguel Los Lotes, una comunidad ubicada en las faldas del volcán, cambió para siempre. Los retumbos, temblores, gases y ceniza

del coloso con los que cotidianamente convivían no los alertó de la tragedia que horas después vivirían: la violenta erupción del monstruo.

Según cifras de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), 194 personas murieron y otras 234 aún permanecen desaparecidas. Además, 1.7 millones de personas de más de 50 comunidades de los departamentos Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, en la zona centro-sur del país, fueron afectadas en alguna medida. Unas mil personas perdieron su hogar.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) aún analiza más de 300 restos para determinar sus identidades. Exámenes de ADN fueron la mejor herramienta que encontraron los médicos forenses para identificar los cadáveres que se carbonizaron, cocieron o petrificaron debido al intenso calor de la erupción.

La comunidad ha tenido que vivir desde entonces en luto, pues muchos de sus familiares, amigos y vecinos aún están sepultados debajo de miles de toneladas de tierra, lodo, palos y otros elementos que ese día descendieron en forma de lahares desde las entrañas del volcán. Los expertos creen que aún todo este tiempo después, bajo tierra, todavía podría estar caliente.

En enero de 2019, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) iniciará excavaciones en el área en busca de los cuerpos, unos 650.000 dólares se destinaran a la búsqueda, confirmó la CONRED.

A seis meses de la tragedia, ninguna de las personas que perdió su hogar ha recibido uno nuevo por parte del Estado guatemalteco.

Según la CONRED, unas 900 familias viven en albergues de transición esperando la construcción de sus hogares, que según los mismos afectados no se asemejan en espacio y lugar a las viviendas que tenían.

Fernando Barrillas, de la organización Antigua al Rescate, una entidad que nació el mismo 3 de junio cuando empezaron a canalizar ayuda a los afectados, relata que hoy día hay más de mil familias de por lo menos tres comunidades que se quedaron sin vivienda.

“Ahora viven sin intimidad, compartiendo áreas comunes como las cocinas, los baños, las pilas”, dice Barrilas. “Muchos de los sobrevivientes incluso ya ni quieren sacara los restos de sus familiares que quedaron soterrados”, explica el activista que agrega que la gente además del dolor de sus pérdidas sufre la incertidumbre de qué será de su hogar.

La organización batalló durante varios días contra la decisión del gobierno de que una semana después de la tragedia no se realizarían más búsquedas de personas desaparecidas debido al peligro en el área. Finalmente la organización logró ampliar el tiempo de búsqueda y así encontraron decenas de cuerpos más, aunque sin el apoyo de rescatistas y sólo con el respaldo de los mismos familiares de las víctimas.

Barrillas teme que la tragedia se vuelva a repetir, pues muchas de las personas que habitaban las comunidades entonces y que evacuaron poco a poco han regresado a aldeas. Algunas no cuentan con carreteras de acceso para evacuar en un momento de emergencia.

“Unas 17.000 personas siguen viviendo en las faldas del volcán”, asegura Barrillas y explica que son comunidades muy pobres. “Comunidades campesinas que viven de la zafra y de la siembra de café”.

El 19 de noviembre los comunitarios volvieron a sentir el terror del volcán que de nuevo hizo erupción, aunque menos violenta, y casi 4.000 personas de varias comunidades volvieron a ser evacuadas.

Dora Caal, madre soltera de 26 años y una de las afectadas, dijo entonces que vive con el terror de una nueva explosión. Con su mamá enferma y una hija pequeña, no sabe cuál será su suerte si de nuevo hay una erupción, pero asegura que como no tiene dónde vivir, debe regresar a la comunidad.

El vocero de CONRED explica que varias comunidades han cambiado sus métodos de prevención e incluso sus planes de respuesta. “Ante una emergencia se han mejorado”, dijo.

El día de la tragedia, mucha gente culpó a la CONRED por la falta de planificación para evacuar el área ante una emergencia. Tras las críticas la fiscalía inició una investigación por una posible negligencia por parte de autoridades de CONRED, que aún está vigente, pero el Ministerio Público ha dicho que podría cerrar el caso ante falta de evidencia.

El día de la tragedia, el volcán comenzó a tener actividad alrededor de las seis de la mañana, pero no fue sino hasta poco después del mediodía que la erupción ocurrió. Esa ventana de tiempo hubiera sido suficiente para matizar la magnitud de lo ocurrido, pero los pobladores cercanos no fueron notificados ni recibieron apoyo pertinente de las autoridades.


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diariolibre.com El volcán que sepultó la vida en Guatemala

Fuente:diariolibre.com | 29/12/18 9:11:07 a. m.

Hace sólo seis meses que el Volcán de Fuego de Guatemala despertó su furia y sepultó todo a su paso, incluso la vida de una pequeña comunidad que ahora sigue en ruinas.

El 3 de junio pasado, la vida de los habitantes de San Miguel Los Lotes, una comunidad ubicada en las faldas del volcán, cambió para siempre. Los retumbos, temblores, gases y ceniza

del coloso con los que cotidianamente convivían no los alertó de la tragedia que horas después vivirían: la violenta erupción del monstruo.

Según cifras de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), 194 personas murieron y otras 234 aún permanecen desaparecidas. Además, 1.7 millones de personas de más de 50 comunidades de los departamentos Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, en la zona centro-sur del país, fueron afectadas en alguna medida. Unas mil personas perdieron su hogar.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) aún analiza más de 300 restos para determinar sus identidades. Exámenes de ADN fueron la mejor herramienta que encontraron los médicos forenses para identificar los cadáveres que se carbonizaron, cocieron o petrificaron debido al intenso calor de la erupción.

La comunidad ha tenido que vivir desde entonces en luto, pues muchos de sus familiares, amigos y vecinos aún están sepultados debajo de miles de toneladas de tierra, lodo, palos y otros elementos que ese día descendieron en forma de lahares desde las entrañas del volcán. Los expertos creen que aún todo este tiempo después, bajo tierra, todavía podría estar caliente.

En enero de 2019, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) iniciará excavaciones en el área en busca de los cuerpos, unos 650.000 dólares se destinaran a la búsqueda, confirmó la CONRED.

A seis meses de la tragedia, ninguna de las personas que perdió su hogar ha recibido uno nuevo por parte del Estado guatemalteco.

Según la CONRED, unas 900 familias viven en albergues de transición esperando la construcción de sus hogares, que según los mismos afectados no se asemejan en espacio y lugar a las viviendas que tenían.

Fernando Barrillas, de la organización Antigua al Rescate, una entidad que nació el mismo 3 de junio cuando empezaron a canalizar ayuda a los afectados, relata que hoy día hay más de mil familias de por lo menos tres comunidades que se quedaron sin vivienda.

“Ahora viven sin intimidad, compartiendo áreas comunes como las cocinas, los baños, las pilas”, dice Barrilas. “Muchos de los sobrevivientes incluso ya ni quieren sacara los restos de sus familiares que quedaron soterrados”, explica el activista que agrega que la gente además del dolor de sus pérdidas sufre la incertidumbre de qué será de su hogar.

La organización batalló durante varios días contra la decisión del gobierno de que una semana después de la tragedia no se realizarían más búsquedas de personas desaparecidas debido al peligro en el área. Finalmente la organización logró ampliar el tiempo de búsqueda y así encontraron decenas de cuerpos más, aunque sin el apoyo de rescatistas y sólo con el respaldo de los mismos familiares de las víctimas.

Barrillas teme que la tragedia se vuelva a repetir, pues muchas de las personas que habitaban las comunidades entonces y que evacuaron poco a poco han regresado a aldeas. Algunas no cuentan con carreteras de acceso para evacuar en un momento de emergencia.

“Unas 17.000 personas siguen viviendo en las faldas del volcán”, asegura Barrillas y explica que son comunidades muy pobres. “Comunidades campesinas que viven de la zafra y de la siembra de café”.

El 19 de noviembre los comunitarios volvieron a sentir el terror del volcán que de nuevo hizo erupción, aunque menos violenta, y casi 4.000 personas de varias comunidades volvieron a ser evacuadas.

Dora Caal, madre soltera de 26 años y una de las afectadas, dijo entonces que vive con el terror de una nueva explosión. Con su mamá enferma y una hija pequeña, no sabe cuál será su suerte si de nuevo hay una erupción, pero asegura que como no tiene dónde vivir, debe regresar a la comunidad.

El vocero de CONRED explica que varias comunidades han cambiado sus métodos de prevención e incluso sus planes de respuesta. “Ante una emergencia se han mejorado”, dijo.

El día de la tragedia, mucha gente culpó a la CONRED por la falta de planificación para evacuar el área ante una emergencia. Tras las críticas la fiscalía inició una investigación por una posible negligencia por parte de autoridades de CONRED, que aún está vigente, pero el Ministerio Público ha dicho que podría cerrar el caso ante falta de evidencia.

El día de la tragedia, el volcán comenzó a tener actividad alrededor de las seis de la mañana, pero no fue sino hasta poco después del mediodía que la erupción ocurrió. Esa ventana de tiempo hubiera sido suficiente para matizar la magnitud de lo ocurrido, pero los pobladores cercanos no fueron notificados ni recibieron apoyo pertinente de las autoridades.


Fuente:diariolibre.com | 29/12/18 9:11:07 a. m.
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diariolibre.com El volcán que sepultó la vida en Guatemala

Fuente:diariolibre.com | 29/12/18 9:11:07 a. m.

Hace sólo seis meses que el Volcán de Fuego de Guatemala despertó su furia y sepultó todo a su paso, incluso la vida de una pequeña comunidad que ahora sigue en ruinas.

El 3 de junio pasado, la vida de los habitantes de San Miguel Los Lotes, una comunidad ubicada en las faldas del volcán, cambió para siempre. Los retumbos, temblores, gases y ceniza

del coloso con los que cotidianamente convivían no los alertó de la tragedia que horas después vivirían: la violenta erupción del monstruo.

Según cifras de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), 194 personas murieron y otras 234 aún permanecen desaparecidas. Además, 1.7 millones de personas de más de 50 comunidades de los departamentos Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, en la zona centro-sur del país, fueron afectadas en alguna medida. Unas mil personas perdieron su hogar.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) aún analiza más de 300 restos para determinar sus identidades. Exámenes de ADN fueron la mejor herramienta que encontraron los médicos forenses para identificar los cadáveres que se carbonizaron, cocieron o petrificaron debido al intenso calor de la erupción.

La comunidad ha tenido que vivir desde entonces en luto, pues muchos de sus familiares, amigos y vecinos aún están sepultados debajo de miles de toneladas de tierra, lodo, palos y otros elementos que ese día descendieron en forma de lahares desde las entrañas del volcán. Los expertos creen que aún todo este tiempo después, bajo tierra, todavía podría estar caliente.

En enero de 2019, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) iniciará excavaciones en el área en busca de los cuerpos, unos 650.000 dólares se destinaran a la búsqueda, confirmó la CONRED.

A seis meses de la tragedia, ninguna de las personas que perdió su hogar ha recibido uno nuevo por parte del Estado guatemalteco.

Según la CONRED, unas 900 familias viven en albergues de transición esperando la construcción de sus hogares, que según los mismos afectados no se asemejan en espacio y lugar a las viviendas que tenían.

Fernando Barrillas, de la organización Antigua al Rescate, una entidad que nació el mismo 3 de junio cuando empezaron a canalizar ayuda a los afectados, relata que hoy día hay más de mil familias de por lo menos tres comunidades que se quedaron sin vivienda.

“Ahora viven sin intimidad, compartiendo áreas comunes como las cocinas, los baños, las pilas”, dice Barrilas. “Muchos de los sobrevivientes incluso ya ni quieren sacara los restos de sus familiares que quedaron soterrados”, explica el activista que agrega que la gente además del dolor de sus pérdidas sufre la incertidumbre de qué será de su hogar.

La organización batalló durante varios días contra la decisión del gobierno de que una semana después de la tragedia no se realizarían más búsquedas de personas desaparecidas debido al peligro en el área. Finalmente la organización logró ampliar el tiempo de búsqueda y así encontraron decenas de cuerpos más, aunque sin el apoyo de rescatistas y sólo con el respaldo de los mismos familiares de las víctimas.

Barrillas teme que la tragedia se vuelva a repetir, pues muchas de las personas que habitaban las comunidades entonces y que evacuaron poco a poco han regresado a aldeas. Algunas no cuentan con carreteras de acceso para evacuar en un momento de emergencia.

“Unas 17.000 personas siguen viviendo en las faldas del volcán”, asegura Barrillas y explica que son comunidades muy pobres. “Comunidades campesinas que viven de la zafra y de la siembra de café”.

El 19 de noviembre los comunitarios volvieron a sentir el terror del volcán que de nuevo hizo erupción, aunque menos violenta, y casi 4.000 personas de varias comunidades volvieron a ser evacuadas.

Dora Caal, madre soltera de 26 años y una de las afectadas, dijo entonces que vive con el terror de una nueva explosión. Con su mamá enferma y una hija pequeña, no sabe cuál será su suerte si de nuevo hay una erupción, pero asegura que como no tiene dónde vivir, debe regresar a la comunidad.

El vocero de CONRED explica que varias comunidades han cambiado sus métodos de prevención e incluso sus planes de respuesta. “Ante una emergencia se han mejorado”, dijo.

El día de la tragedia, mucha gente culpó a la CONRED por la falta de planificación para evacuar el área ante una emergencia. Tras las críticas la fiscalía inició una investigación por una posible negligencia por parte de autoridades de CONRED, que aún está vigente, pero el Ministerio Público ha dicho que podría cerrar el caso ante falta de evidencia.

El día de la tragedia, el volcán comenzó a tener actividad alrededor de las seis de la mañana, pero no fue sino hasta poco después del mediodía que la erupción ocurrió. Esa ventana de tiempo hubiera sido suficiente para matizar la magnitud de lo ocurrido, pero los pobladores cercanos no fueron notificados ni recibieron apoyo pertinente de las autoridades.


Fuente:diariolibre.com | 29/12/18 9:11:07 a. m.
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noticiassin.com Mueren 3 taxistas en un ataque armado en zona metropolitana de Guatemala

Fuente:noticiassin.com | 28/12/18 9:11:28 p. m.

Guatemala, con una media de 16 asesinatos diarios, es uno de los países más violentos del mundo y según las autoridades la mayoría de los homicidios son perpetrados por las pandillas y los narcotraficantes, dos de los grandes flagelos del país.

La entrada Mueren

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Fuente:noticiassin.com | 28/12/18 9:11:28 p. m.

Guatemala, con una media de 16 asesinatos diarios, es uno de los países más violentos del mundo y según las autoridades la mayoría de los homicidios son perpetrados por las pandillas y los narcotraficantes, dos de los grandes flagelos del país.

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noticiassin.com Identifican a 198 víctimas de erupción del volcán de Fuego de Guatemala

Fuente:noticiassin.com | 28/12/18 5:39:44 p. m.

La entidad estatal explicó en su cuenta oficial de Twitter que identificó ya a 73 menores de edad fallecidos y a 125 adultos.

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noticiassin.com Trump reitera que cortará la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras

Fuente:noticiassin.com | 28/12/18 10:01:00 a. m.

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró hoy que EE.UU. recortará “toda” la ayuda económica que concede anualmente a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por la llegada de caravanas de inmigrantes a territorio estadounidense. “Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por EE.UU., sino que

se están llevando nuestro dinero. Se dice […]

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Fuente:noticiassin.com | 28/12/18 10:01:00 a. m.
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